Mientras el país definía su futuro en las urnas, se desarrollaba otro escenario de control en silencio, alejado de las mesas de votación y en el entorno de centros comerciales y puntos de venta. Durante la jornada, la Dirección del Trabajo se desplazó por diversas regiones, actuando como un fiscalizador necesario para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales.
El ejercicio de fiscalización produjo resultados contundentes: se aplicaron 20 multas y se suspendieron 42 turnos de trabajo por el incumplimiento de derechos fundamentales de los trabajadores en pleno día electoral. Desde primeras horas del domingo, inspectores realizaron alrededor de 80 inspecciones a nivel nacional, combinando recorridos sorpresivos en centros comerciales y acciones derivadas de denuncias recibidas a través del Canal de Atención Telefónica.
La estrategia se centró en salvaguardar el derecho al voto y asegurar el respeto del feriado obligatorio para quienes laboran en centros comerciales y strip centers. Sin embargo, numerosos empleadores no cumplieron con estas medidas, lo que obligó a la autoridad a actuar de manera enérgica.
El balance identificó dos tipos principales de infracciones: 12 sanciones impuestas al incumplimiento del mínimo de tres horas de permiso para votar, lo que generó multas que superaron los $4 millones, y 8 multas adicionales a empresas que desatendieron el feriado legal obligatorio, elevando el total de sanciones a casi $15 millones.
Como consecuencia inmediata, la Dirección del Trabajo ordenó la suspensión de los turnos de 42 trabajadores que debían haber disfrutado de la jornada electoral libre de labores. El reparto regional de estas infracciones reveló que 24 trabajadores de la región de O’Higgins, 9 de la Región Metropolitana, 5 de La Araucanía y 4 del Bío Bío fueron afectados, destacando la naturaleza transversal de la problemática.
El director en funciones de la entidad, Sergio Santibáñez, evaluó la jornada afirmando: “Siempre esperábamos no tener que sancionar normas que son ampliamente conocidas. Sin embargo, estuvimos desde temprano recibiendo denuncias y fiscalizando en todo el país. Cumplimos con el rol que nos corresponde”.
En medio de las acciones punitivas, se destacó un aspecto positivo: no se registraron denuncias relacionadas con impedimentos a funciones electorales como el desempeño de vocalías en mesas, labores en colegios escrutadores o funciones como delegados de la Junta Electoral. Este balance deja una lección clara en un domingo en el que, mientras se votaba, se reafirmaba el imperativo de respetar tanto el derecho al sufragio como las normativas laborales.
Autor: Jorge Rojas