La Fundación Terram ha dado a conocer un exhaustivo estudio titulado «SQM: Genesis of Mining Corruption in Chile», el cual ofrece un análisis detallado de las operaciones de SQM en Chile durante más de cuatro décadas. El documento, elaborado por el investigador Pablo Madrid, desglosa cómo la compañía ha logrado influir en el marco normativo, debilitando los mecanismos de control institucional y configurando un entorno que favorece sus intereses en la industria del litio. Entre las principales irregularidades documentadas se encuentra la incidencia directa de SQM en la formulación de políticas, evidenciada en la modificación de propuestas legislativas y en el manejo de reformas como la de la Ley Ambiental (Ley 20.417) y la reforma tributaria minera de 2010 (Ley N°20.469), donde se registraron alteraciones en favor de la empresa, incluso a través de mecanismos de financiamiento político poco transparentes.
El reporte también destaca la consolidación de SQM en el Salar de Atacama, donde controla cerca de 258.440 hectáreas de derechos mineros y cotas de extracción, a pesar de diversas infracciones contractuales. Se describen prácticas que dificultan la entrada de terceros al mercado, como el registro estratégico de concesiones mineras y derechos de agua colindantes con propiedades estatales, y arbitraciones que han terminado por ampliar sus límites operativos en lugar de sancionarlos.
Otro punto controversial analizado es el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM celebrado en 2024, el cual se caracteriza por la falta de procesos licitatorios, el uso de estructuras societarias opacas y perjuicios fiscales millonarios, con un detrimento estimado de más de 6.7 mil millones de dólares, sin mencionar la omisión en las consultas adecuadas a comunidades indígenas, en contravención de la Convención 169 de la OIT.
Asimismo, el estudio identifica deficiencias en la tributación del sector, como la manipulación de precios de transferencia y discrepancias históricas en el cálculo de obligaciones fiscales entre CORFO y SQM, ejemplificadas en el litigio sobre el Impuesto Específico Minero (IEAM), que culminó en un fallo en contra de la empresa. Según Madrid, estas controversias evidencian fallas estructurales en la supervisión y la transparencia, creando un ambiente propicio para la evasión y la desconfianza pública.
Como respuesta, la Fundación Terram formula una serie de recomendaciones urgentes orientadas a elevar los estándares de integridad en la adquisición de contratos estratégicos, tales como la estricta aplicación de la Ley de Lobby y normativas de financiamiento político, la inclusión de cláusulas anticorrupción, el fortalecimiento de organismos de control como el IRS, CORFO, Aduanas y Cochilco, y la implementación plena de la Iniciativa EITI para garantizar la máxima transparencia fiscal en el sector. Además, se subraya la importancia de procesos de licitación pública, consultas indígenas efectivas y mecanismos de control ciudadano para futuros proyectos en la industria del litio.
Autor: Jorge Rojas