En Santiago, se ha sellado un pacto sin precedentes que aglutina a compañías del sector de telecomunicaciones, operadores de televisión, programadores, plataformas digitales, gremios audiovisuales y organizaciones especializadas en ciberseguridad. Esta colaboración busca unir recursos y estrategias para enfrentarse de manera coordinada al fenómeno de la piratería digital, fomentar políticas que beneficien a la industria y garantizar la seguridad de los usuarios en el ámbito online.
Con datos provistos por Piracy Monitor y estudios de BB Media, la piratería digital es identificada como un problema en expansión a nivel mundial, siendo que en Latinoamérica más del 12% de los hogares recurren a sitios ilegales. En Chile, este fenómeno representa un riesgo creciente para creadores de contenido, usuarios y compañías de telecomunicaciones. Además, según cifras de Transunion Chile, acceder a este tipo de plataformas puede acarrear fraudes que implican pérdidas de aproximadamente 3 millones de pesos por caso.
El acuerdo, al que se sumaron 12 empresas, gremios y asociaciones del sector, se enfoca en combatir el auge de plataformas ilegales, servicios IPTV no regulados y aplicaciones de streaming no autorizadas, que generan impactos de millones de dólares anuales. Se destaca que el 73% del consumo ilícito en la región proviene de páginas web ilegales y el 39% de apps, con pérdidas que sobrepasan los 500 millones de dólares a nivel regional.
Entre los actores firmantes se encuentran Claro Chile y el Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones de América Latina (CERTAL), además de entidades como Chile Telcos, la Cámara de Infraestructura Digital (Idicam), ACTI, Arcatel, ARCHI, Warner Bros Discovery, Directv, TV Cables Chile, CERTAL y CAPPSA. Estos representantes se reunieron con funcionarios de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Cibercriminalidad y Lavado de Activos del Ministerio Público, bajo la conducción de Giovanna Herrera y con la presencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para analizar la expansión de la piratería digital y su impacto sobre el ecosistema tecnológico y creativo.
Diversos líderes del sector han resaltado la importancia del acuerdo. Rodrigo Ramírez, presidente de Idicam, advirtió sobre el riesgo que representa la piratería para el desarrollo de la economía digital en Chile, subrayando la necesidad de combatir eficazmente este delito para no comprometer el progreso en innovación y producción audiovisual. Asimismo, Alfie Ulloa, de ChileTelcos, enfatizó que la alianza defiende un entorno digital respetuoso de la propiedad intelectual, lo que beneficia tanto a creadores como a consumidores. Francisco Guzmán, al frente de ACTI, señaló que el pacto fortalece el crecimiento legal de la economía digital y protege los derechos de autor, mientras que Pablo Scotellaro, de CERTAL, destacó que la piratería afecta no solo a las telecomunicaciones, sino a toda la cadena productiva, generando pérdidas en empleos y financiación para diversos sectores.
Francisco Concha, gerente de Asuntos Regulatorios de Claro Chile, resaltó que abordar oportunamente la piratería es esencial para la seguridad digital de millones de usuarios, para mantener la inversión y para fomentar la creación de contenidos. La colaboración entre autoridades, empresas tecnológicas y creadores se planteó como el camino indispensable para enfrentar este desafío de manera integral y con resultados medibles.
La problemática se ve reflejada en cifras alarmantes:
1. Más de US$ 8.000 millones anuales en pérdidas por piratería online en América Latina.
2. Se pierden casi US$ 1.500 millones en ingresos fiscales anualmente debido a la actividad ilícita.
3. La piratería de TV paga y contenido audiovisual supone la pérdida de alrededor de 40.000 empleos en la región.
4. Los programadores y licenciatarios pierden aproximadamente US$ 1.800 millones por año debido a la piratería de servicios de TV paga.
5. Cerca de 40 millones de hogares en Latinoamérica consumen contenido pirata en línea.
6. En Chile, las víctimas de fraude digital han reportado pérdidas promedio de casi 3 millones de pesos en cada caso.
El compromiso asumido por estas entidades se perfila como una respuesta contundente a un fenómeno que afecta a múltiples sectores, reafirmando la necesidad de una acción coordinada para salvaguardar la economía digital y proteger tanto a los creadores de contenido como a los consumidores.
Autor: Jorge Rojas