La controversia legal entre Movistar y Claro en Perú ha alcanzado un punto de inflexión tras la emisión de una resolución final, cuyo origen data de hace más de dos décadas. El conflicto, que se gestó en un ambiente de competencia intensa y disputas comerciales en el mercado telefónico peruano, culmina hoy con la condena a Telefónica del Perú, operadora de Movistar, a pagar a América Móvil, entidad mexicana que gestiona la marca Claro, una indemnización que asciende a aproximadamente 309.4 millones de soles (alrededor de 86.9 millones de dólares), sumados a los intereses y costos procesales correspondientes.
Este fallo, emitido en mayo por el 36° Juzgado Civil de Lima, se erige como la primera sentencia definitiva por daños y perjuicios en el sector, marcando un hito en la fiscalización y normatividad de las telecomunicaciones en el país. El litigio se originó a partir de conductas que se calificaron de anticompetitivas, iniciando en el 2002 cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sancionó a Telefónica del Perú – entonces parte de Telefónica Hispanoamérica – con una multa que superó el millón de dólares, por prácticas que perjudicaban a Telmex, hoy reconocida como América Móvil y representante de Claro en Perú.
Entre las conductas denunciadas se encuentran el desvío internacional de llamadas destinadas a largas distancias dentro del país, la negativa a facilitar el traslado de llamadas desde líneas fijas hacia redes inteligentes, el bloqueo injustificado del acceso a determinados números de atención al cliente, y la denegación de conexión de llamadas desde teléfonos públicos hacia la red fija de Claro. Tal accionar vulneró los principios de competencia leal, impactando tanto a consumidores como a competidores en un mercado de alta relevancia estratégica.
Adrián Simons, abogado de América Móvil y representante del estudio Simons & De Noriega, destacó que la resolución judicial no solo supone una victoria para su cliente, sino que también refuerza el compromiso del sistema judicial peruano de erradicar conductas que distorsionan el libre juego de la competencia. Aunque Telefónica del Perú aún podría interponer recursos de apelación, el fallo en primera instancia establece un precedente innegable en cuanto a responsabilidad y sanción de prácticas anticompetitivas.
La medida cautelar y económica impuesta tiene como objetivo subsanar los perjuicios ocasionados a América Móvil, al tiempo que envía un mensaje rotundo a todas las compañías del sector, subrayando la necesidad de acatar las normativas vigentes. Esta sentencia también ha reavivado el debate sobre la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en un mercado tan competitivo, en beneficio final de los consumidores, quienes exigen servicios de alta calidad a precios razonables.
En síntesis, la resolución que obliga a Telefónica del Perú a indemnizar a América Móvil marca un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones en el país, evidenciando que las conductas contrarias a la competencia tienen consecuencias legales y económicas de gran magnitud, reafirmando el compromiso de la justicia en la protección de un mercado equitativo y en la defensa de los derechos de los usuarios.
Autor: Jorge Rojas